(…) el Estado progresista busca lograr delicados equilibrios entre sus concesiones al capital y la necesidad de regularlo, entre alentar el extractivis­mo y amortiguar sus impactos sociales, y así sucesivamente. Se conforma lo que podría llamarse un «Estado compensador», cuyo elemento clave son los equilibrios, para los que se utilizan varios ins­trumentos, entre los que se destacan las compensaciones económicas.
El extractivismo y el Estado compensatorio necesariamente implican que el progresismo acepta el
capitalismo y que considera que sus impactos ne­gativos pueden ser rectificados o amortiguados. La pretensión de una com­pensación posible se hace funcional a ese capitalismo, y las opciones de transformaciones sustanciales quedan acotadas o bien se ensayan en terre­nos que no ponen en riesgo ni los procesos de acumulación ni la inserción global. Existen diferentes posturas en ese marco, ya que mientras el gobier­no de Chávez exhibe una retórica anticapitalista y explora alternativas en la producción y la integración regional, sigue dependiente de un estilo prima­rizado y globalizado. En cambio, los gobiernos de Lula o Mujica han dejado muy en claro que su campo de acción está dentro del capitalismo y que solo se puede discutir cómo se redistribuyen los excedentes que capta el Estado.

Por Claudia Composto y Magalí Rabasa

Llevamos a cabo la siguiente entrevista con el geógrafo marxista David Harvey durante su visita a Buenos Aires en octubre del 2011, con el propósito de discutir la crisis actual del capitalismo, las transformaciones geopolíticas en curso, y las posibilidades de cambio social a partir de las luchas contra el despojo.

Bajo La Alumbrera es el caso testigo de las promesas mineras incumplidas y, también, de la represión para imponer un modelo.

La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, aún hoy, que emplea a 1800 personas del lugar y, de forma indirecta, creó 8200 puestos laborales. Los vecinos lo desmienten: afirman que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgal

El desarrollo contemporáneo ha sido uno de los grandes mitos del siglo XX. Representó tanto el sueño de una vida mejor para millones de personas, como una legitimación teórica y práctica para diseminar en todo el planeta la creencia en el crecimiento económico. Esa postura también está profundamente arraigada, asumiéndose que las economías nacionales, y por lo tanto la economía planetaria, podrían crecer por siempre en un proceso de expansión perpetua.

A inicios de la década de 1970, quedaron en evidencia los conocidos límites ecológicos. Los recursos no renovables, como el petróleo o los minerales, son finitos, y enfrentamos el agotamiento de algunos de ellos. A su vez, las áreas naturales se deterioran y reducen año tras año, dejando una estela de especies en extinción. La contaminación supera los umbrales de la capacidad de regeneración de los ecosistemas.

Existe un preocupante embate, a espaldas de la sociedad, para imponer en nuestro país a lafigura extrema del extractivismo: la megaminería.

En Río Negro se acaba de derogar la ley que prohibía la minería metalífera con usos de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio. El Secretario de Minería de la Nación anunció un emprendimiento minero en Chubut donde existe una ley provincial que expresamente lo impide. La ley de glaciares sigue “secuestrada” en la provincia de San Juan y en el resto del país sólo hay tibios esbozos de ponerla en marcha. La lista sigue en toda la cordillera.

En la provincia de La Rioja, el intento de imponer por la fuerza -y sin licencia social- la megaminería en el Famatina está quebrando la paz social y sembrando un clima de violencia, instalado por el propio Estado, en complicidad con las empresas mineras. Debe comprenderse que la megaminería no es sólo sinónimo de degradación ambiental y saqueo económico sino que también lo es de devastación institucional, social y cultural.

Las constantes provocaciones del gobierno provincial, en cabeza de su gobernador Luis Beder Herrera, y la cómplice mirada ausente del Poder Ejecutivo nacional, son inaceptables y merecen una sería reflexión de toda la sociedad. La problemática de la megaminería no es una “asignatura pendiente” del gobierno nacional sino que encuentra en él a su mayor promotor.

Cristian Ferreyra nació y vivió sus 23 años en el mismo lugar, paraje San Antonio, norte de Santiago del Estero. Quería mantener una forma de vida que implica trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar su comida. Pero un disparo de escopeta lo hirió cuando se negó a dejar el territorio, pretendido por un empresario.

Desde el Mocase‐VC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), explicaron que las tierras ancestrales que familias rurales y originarias habitaron durante generaciones comenzaron a ser pretendidas por empresarios a medida que la frontera agropecuaria (de la mano de soja) comenzó a expandirse. Y también de la ganadería, que es desplazada por la agricultura.

La Secretaríade Ambiente dela Naciónprecisa que Santiago es de las provincias líderes en desmonte, 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007, un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación.

El geógrafo y docente dela Universidad Nacional, Marcelo Giraud, analizó el avance agropecuario en Santiago. En 1996 en la provincia había sólo95.000 hectáreascon soja. En 2008 había saltado a 629 mil hectáreas y dos años después, 2010, al récord de 1,1 millón de hectáreas. “En sólo dos años aumentó un 75 por ciento”, afirmó.

Mariano Ferreyra fue asesinado por denunciar la precarización laboral bajo la lógica de las tercearizadas, en el marco de una medida de lucha para reclamar un puesto de trabajo. Cristian Ferreyra también fue asesinado, por exigir tierras pertenecientes a comunidades originarias, que hoy en día, están en mano de empresarios agrícolas. Ambos militantes, que reclamaban por la dignidad del trabajo y la tierra, en una sociedad donde siempre se benefician los mismos. Ezequiel Ferreyra de 6 años murió por el trabajo infantil y la manipulación de agrotóxicos en una empresa avícola. Tres apellidos iguales, que muestran una radiografía de los tiempos que corren (…)

El hecho de que Mariano, Cristian y Ezequiel tengan el mismo apellido es una mera coincidencia del destino. Pero los tres corrieron la misma suerte: la muerte ante la injusticia reinante, la complicidad de las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y la connivencia con los estamentos estatales. Los negocios mueven los hilos de esta impunidad reinante. En los tres casos, las empresas (TBA y las tercerizadas del ferrocarril; la compra de tierra, el desmonte y la soja; las empresas avícolas y sus agrotóxicos) muestran lo poco que vale la vida bajo la lógica de la acumulación.

El 23 de noviembre se cumple un año de la jornada de represión que terminó con tres muertos, treinta heridos, ranchos quemados y una larga cadena de promesas incumplidas. Desde la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional donde reina el silencio, la novedad es que no hay novedades.

La mesa de diálogo, cuenta Félix, quedó en mesa sola: no hay diálogo. Florencio Randazzo delegó todo a manos de su vice, Mario Barbosa Romero, encargado de las convocatorias de mayo hasta ahora. Qué hizo: “Después de todo esto la elección que salí ganador entonces el gobierno provincial se retira de la mesa de diálogo y nos quedamos sin interlocutores en la provincia de Formosa. Es una falta de respeto del gobierno no continuar con el diálogo. Ahora que ganó el gobernador en la provincia va a ser mucho más complicada nuestra situación”.

Los Qom cumplieron su parte, para el Estado “cumplir” implica garantizar derechos fundamentales para cualquiera…

Resulta difícil entender cómo un gobierno popular, que se precia de revolucionario y que asume la defensa de los intereses populares, puede reprimir violentamente a sectores populares que reclaman sus derechos. Eso acaba de suceder en Bolivia. El gobierno del presidente Evo Morales, haciendo caso omiso a los reiterados pedidos para que abra el diálogo con los pobladores del Territorio y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), optó por la represión.

La indignación y la frustración se expanden cual círculos concéntricos por Bolivia y el mundo. Adolfo Chávez, dirigente indígena boliviano, no podía expresar de mejor manera su malestar: ʺLos pueblos indígenas de todo el país nos encontramos indignados y profundamente dolidos por el accionar del gobierno. Este gobierno nos prometió un cambio: respetar los derechos indígenas, respetar a la madre tierra, respetar nuestra cultura, respetar nuestra autodeterminaciónʺ. (…)

La violencia parece configurar un elemento consustancial del extractivismo, un modelo bio-depredador por excelencia. Hay violencia desatada por el Estado a favor de los intereses de las empresas extractivistas, sobre todo transnacionales. Violencia camuflada como acciones de sacrificio indispensable de unos pocos para asegurar el bienestar de la colectividad, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos.

En estas economías extractivistas se ha configurado una estructura y una dinámica política no solo violenta y autoritaria, sino voraz.

Como GRR, entendemos que lo primero que debe quedar en claro a la hora de hablar de “extranjerización de tierras rurales”, es que las variables que deben ser consideradas en la discusión no pueden centrarse únicamente sobre la propiedad de la tierra, en la medida que al hacerlo caeríamos en un reduccionismo malicioso que nos enarbola tras un supuesto nacionalismo confuso, porque limita el problema a la discusión sobre los nombres que deben figurar en los registros de tierras (dueños argentinos), mientras permite que el manejo y control de las tierras puedan seguir en poder de los grandes capitales.
Cuando hablamos de luchas contra la “extranjerización de tierras”, la propiedad no es el único punto a considerar. El uso de esas tierras, la producción, la vida misma sobre ellas, su manejo y control, son aspectos tanto o más importantes que la propiedad de las mismas. Basta recordar que desde el Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2002 se señalaba la disminución de la cantidad de hectáreas explotadas por sus propietarios (que entonces era -8,4 millones de hectáreas) y el crecimiento de la superficie explotada bajo distintos tipos de contrato, especialmente, el arrendamiento. En estas condiciones, la participación de asociaciones de hecho como los “pooles de siembra” ha sido preponderante. Hoy en día tenemos menor cantidad de productores pero con mayores extensiones de tierra y nivel de capitalización.

Estamos atascados por un tipo de crecimiento económico esencialmente injusto, cuya promesa redistributiva nunca terminará de concretarse. Porque mientras mayores son las riquezas de que dispone el país, más se consolidan las jerarquías sociales y sus articulaciones de poder.
Basta dar cuenta de la influencia que tiene este modelo de desarrollo en dos elementos fundamentales para la vida de las mayorías populares: la comida y la vivienda.
De un lado, el avance sin límites de la industria agroexportadora permite que la producción de alimentos quede bajo control de las grandes trasnacionales del rubro. La extranjerización de la propiedad de la tierra que se pretende limitar por ley, se fomenta sin embargo en la dimensión productiva y en el uso de los suelos. Se subordina así la soberanía alimentaria a los criterios que impone el mercado mundial. Y perdemos la posibilidad siquiera de determinar el acceso y la calidad de nuestra propia alimentación. Por el mismo motivo, el control de la inflación en los productos básicos para la subsistencia es hoy una tarea imposible.
El festival rentístico no es sólo un fenómeno rural. Penetra también en las ciudades, bajo la forma de una voraz especulación inmobiliaria, que presiona para elevar los precios de las propiedades y convierte a las mayorías urbanas en inquilinos a perpetuidad. En paralelo, los desarrollos inmobiliarios diseñan espacios de hostilidad para los pobres, desplazados permanentes sin origen ni destino, sin tierra ni vivienda.

En términos geopolíticos, la opción extractivista que busca implantarse desde México ala Argentina, responde a una división territorial y global del trabajo entre los países centrales y periféricos, que condena a los países de la región a la exportación de bienes naturales y de consumo. No por casualidad, más allá de las retóricas industrialistas en boga, las economías latinoamericanas reflejan no sólo una mayor transnacionalización y concentración económica, sino también una tendencia a la reprimarización, a la especialización productiva, a la consolidación de enclaves de exportación; rasgos que fueron muy criticados por el desarrollismo de antaño así como por diferentes corrientes de la izquierda. (…)

Lo más llamativo en Argentina es, sin embargo, que la coexistencia entre desposesión y progresismo es más rotunda que en otros países. En efecto, en un contexto de polarización donde no caben los matices, el oficialismo mantiene blindado su discurso sobre la política estatal de explotación de los bienes naturales, en especial, la minería. Esto coloca ala Argentinafrente a una realidad bastante paradójica, aunque incontestable: la exacerbación de lo nacional popular viene acompañada también por la consolidación de un modelo neocolonial.

Los gobiernos progresistas en América del Sur han revitalizado el protagonismo estatal en la lucha contra la pobreza, y en especial por medio de programas de asistencia focalizada por transferencias monetarias. Esta estrategia se inserta en un recambio político importante, aunque existen diversas herencias de las pasadas reformas neoliberales, y donde los gobiernos progresistas mantienen un estilo de desarrollo convencional, exportador y primarizado. Si bien ese estilo genera recursos financieros para mantener los nuevos programas sociales, también desencadena impactos sociales y ambientales, y no solucionan la reproducción económica y social de la pobreza. Muchos debates prestan más atención a la instrumentalización y gerenciamiento de esos programas, que a la sustancia de la justicia social. Se generan así fuertes tensiones entre algunos sectores de la sociedad civil y los gobiernos progresistas.

En este artículo se examinan casos donde los gobiernos minimizan estas cuestiones y aplican acciones de encauzamiento y control sobre la sociedad civil.

Tras dos suspensiones, el Ministerio de Agricultura de Argentina anunció que el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2016/2020 (PEA2) será lanzado el 1º de septiembre. El PEA2 es publicitado como el producto final de un proceso que convocó a todos los actores del sector agroalimentario y agroindustrial argentino para su elaboración a partir de una visión compartida de futuro. La cuestión es que, por lógica, no todos comparten la misma visión de futuro.
Información preliminar indica que el PEA2 prevé que en 2020 la producción de granos llegue a 157,5 millones de toneladas, un aumento del 58 por ciento frente a la del año 2010, y un crecimiento en la superficie sembrada del 27 por ciento, llegando a los 42 millones de hectáreas.
Más allá de otros cuestionamientos, que tienen que ver con la sustentabilidad del modelo de desarrollo o de la vida misma, el tema que preocupa de manera central a organizaciones campesinas e indígenas es de dónde van a salir los 9 millones de hectáreas previstas para 2020.

El actual juez de la Corte Suprema, Dr. Eugenio Zaffaroni, reconoce que el Estado Argentino se fundó sobre el genocidio. “El roquismo, con la figura de Julio Argentino Roca, representa el proceso de disciplinamiento, son tres décadas de avanzada militar, educativa, de romper vínculos originarios… En ese marco, unos ‘salvajes’ en el sur molestaban en un país que había que poblar, donde faltaba mano de obra. Todo esto va generando un disciplinamiento, una política represiva con leyes y acciones concretas que apuestan al exterminio de un pueblo. No se puede dudar de que los pueblos originarios sufrieron un genocidio”.

Sin embargo, el argentino de clase media y sobre todo el habitante más o menos acomodado de las provincias patagónicas, descendiente de europeos y asentado en la región luego de los procesos de migraciones internas de las últimas décadas, que se ha encontrado en estas provincias “como en su casa”, apenas advierte cómo la estructura de poder local del Estado y de la sociedad civil mantiene la exclusión y el disciplinamiento de los pueblos vencidos y dominados hace poco más de un siglo, cuando este territorio fue incorporado por la fuerza al Estado mediante una invasión militar.

Además de tender a su difusión en el ámbito internacional y enla Argentina, la realización de este trabajo sobre la situación originada por el desconocimiento de los derechos humanos del Pueblo Mapuce en Neuquén, también está orientada a desnaturalizar y hacer  evidentes las condiciones de discriminación racial en la región con el objetivo de que, como dice el preámbulo dela Declaraciónde las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, éstos sean reconocidos “iguales a todos los demás pueblos” y se afirme “el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales”.

Parece ayer que mataron a Darío y a Maxi… me acuerdo perfecto: la noticia de la represión en el puente, los “piqueteros” muertos, los comentarios fachos en el laburo, el chamuyo de que se habían matado entre ellos, la piña a Franchiotti en el hospital, la multitud en la Playa de Mayo. Al otro día “la crisis causó dos nuevas muertes” y la careta que se fue cayendo con esa secuencia de fotos donde vimos morir a Darío tratando de socorrer a un Maxi ya muerto… asesinado. Las caras de esos policías en plena faena, extasiados. Los discursos de esa clase política que soñamos (¡creímos!) acorralada, difunta, irrecauchutable; y hoy candidata.

Después de la masacre y mientras exigíamos justicia empezamos a conocer más de ellos, desde los dibujos de Maxi, hasta ese Darío enfundado en remera de Hermética, sonriente barbamelenudo que se fue a vivir a un asentamiento y armó una bloquera desde el MTD Lanús.

¿Cuánto daríoymaxi encontró cada uno en cada uno?

(…)

El lunes 25 de marzo de 1996 fue un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, fresco por la mañana, calor por la tarde, como tantos del comienzo del otoño. En el amplío despacho de Paseo Colón 982, entonces Secretaría de Agricultura, se aprobó el expediente que iba a modificar radicalmente la estructura agropecuaria de Argentina. Luego de un trámite que sólo llevó 81 días, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. A quince años de ese día, por primera vez, científicos de distintas disciplinas tuvieron la posibilidad de leer el expediente y estudiar las pruebas sobre la supuesta inocuidad del cultivo. De la lectura se confirma que la autorización carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, la información es incompleta y tendenciosa, y cuestionaron que el Estado argentino no haya realizado investigaciones propias y tomara como propios los informes presentados por la parte interesada (la empresa Monsanto). En Argentina hay 19 millones de hectáreas (el 56 por ciento de la superficie cultivada) y se utilizan al menos 200 millones de litros de glifosato.

Diez años parece un tiempo razonable para poder reflexionar los hechos históricos con una mínima perspectiva. Desde este punto de vista, estrictamente temporal, los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001 que, en realidad, son el emergente mayor de un ciclo de luchas que podemos fechar entre 1997 y 2002, o sea, entre los primeros cortes de rutas en el Gran Buenos Aires y los asesinatos del puente Pueyrredón, pueden ser analizados con la distancia que permite sacar algunas conclusiones sobre su impronta en la historia reciente, tanto en el movimiento popular como en los diversos arribas, los estatales, los partidarios y los vinculados al capital.

Sin embargo, asumir esa lógica analítica supone desaprovechar lo más rico, y enriquecedor, que aportó el ciclo de luchas. Esa riqueza deviene del hecho simple de que nada quedó en su lugar, como lo señalaron las propias muchedumbres al gritar: ¡Que se vayan todos! Fue la primera vez en la historia que cientos de miles de personas enarbolaron esa consigna, con la misma bronca y radicalidad que en otros procesos vocearon: ¡Libertad, igualdad, fraternidad! o ¡Pan, paz, libertad!

El Miércoles 9/02 el acampe que miembros de la Comunidad Qom "La Primavera" de Formosa vienen sosteniendo en 9 de Julio y Avda. de Mayo, cumplió dos meses sin respuestas de las autoridades nacionales.
Es de noche cuando Félix Díaz y un grupo de miembros de la comunidad suben al improvisado escenario hecho con volquetes de basura y plataformas de madera para compartir su palabra. Un metro abajo los escucha la pequeña multitud que participa del festival cultural realizado al cumplirse estos dos meses de acampe Qom en Buenos Aires.